Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha exigido a los 25 concejales de Aranjuez que aprueben, cuanto antes, en pleno el pago de 1,2 millones de euros a Inmobiliaria Colonia de los Cables (Incocasa) y lo incluyan en los presupuestos, bajo la advertencia de incurrir en responsabilidades penales de no hacerlo. El Consistorio adeuda esta cantidad a la empresa por intereses derivados de una expropiación planificada en 1996, y ejecutada entre 2004 y 2008, por la que el Ayuntamiento ya tuvo que afrontar el pago de más de 9 millones de euros tras ser condenado por este mismo tribunal en 2013. El TSJM es claro con los ediles: voten la inclusión del pago en los presupuestos, háganlo cuanto antes y levanten todos la mano o aténganse a las consecuencias.

La Policía fue la encargada de acudir al Consistorio a notificar a los miembros de la Corporación Municipal la orden del magistrado para que se “proceda a incluir en el presupuesto municipal la partida correspondiente para el pago de la totalidad de lo adeudado a la mercantil ejecutante, debiendo la sra. alcaldesa proceder, a la mayor brevedad posible, a la convocatoria de un Pleno Extraordinario para dar cumplimiento a lo ordenado”.

Asimismo el Tribunal pide a Cristina Moreno que notifique, si se da el caso, los nombres de los concejales que “se hubiesen opuesto a la inclusión de la partida presupuestaria”. “De no proceder a lo ordenado podrán incurrir en responsabilidad penal“, asegura el texto de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Así las cosas y con los presupuestos recientemente aprobados, el Ayuntamiento se enfrenta a un nueva losa que puede hacer tambalear la frágil economía municipal. Para el pago de estos 1,2 millones de euros el Ayuntamiento ha solicitado un crédito al Ministerio de Hacienda: si el equipo de Montoro lo concede, el Consistorio podrá hacer frente al pago ordenado por el juez sin tocar las cuentas del año que viene. De lo contrario, la tarea de cuadrar gastos e ingresos con este millón añadido se convertirá en un quebradero de cabeza para la Hacienda local.

En 2013 el Ayuntamiento de Aranjuez fue condenado al pago de más de 9 millones de euros a Incocasa por la expropiación de unos terrenos en el Pinar de los Cables y el pago de dicha sentencia fue aprobado por el pleno en 2015. No obstante, la empresa siguió litigando para recibir cuanto antes los intereses generados durante el proceso y que quedaron fijados en 1,2 millones de euros.

El pleno municipal aprobó en febrero un plan de pagos a razón de 300.000 euros al año con los votos favorables del PSOE y el PP y la abstención del resto de la Corporación. Este plan cae tras esta resolución judicial, que ordena el pago del total de forma inmediata. El portavoz de Acipa, Jesús Mario Blasco, explica que “no era la primera vez que la empresa demandante no aceptaba el plan de pagos propuesto por el Gobierno. Ya impugnaron el anterior plan de pagos, que supuso la imposición de dos puntos más de intereses, y se vuelve a cometer el mismo error. No andábamos nada desencaminados, a tenor de la sentencia actual”.

Blasco asegura que la amenaza de posibles consecuencias penales para los concejales se une a la “preocupación que supone la notificación personal de la resolución” señalando que “el mal hacer del Ayuntamiento de Aranjuez en este asunto ha llevado al magistrado del TSJM a redactar y exigir de esta manera el cumplimiento de la sentencia”.