Este pasado 16 de enero el Tribunal Supremo resolvía el recurso de casación interpuesto por la empresa Promociones Alpajés S.L. y anulaba la sentencia de 2016 que ya condenaba al Ayuntamiento de Aranjuez a pagar un justiprecio por la expropiación de la finca conocida como “charca de secano” por valor de 1 millón de euros. Ahora, se incrementa ese justiprecio hasta los 3,2 millones, según ha adelantado ACIPA.

El partido esgrime que en un comunicado que se da la circunstancia de que la sentencia de 2016 fue incluida en el fondo de ordenación para el pago de sentencias recientemente aprobado por el gobierno, con lo que casi 2,3 millones de euros se quedarían fuera del mismo, provocando graves tensiones de tesorería, y eso estimando que el Ministerio aprobara el plan presentado.

Conviene hacer un breve resumen de los orígenes de este pleito. En noviembre de 2000 el Ayuntamiento de Aranjuez y la citada empresa suscriben un acuerdo en el que se conviene, en esencia, una reparcelación de los terrenos de este ámbito (calle Cuarteles, 65) ajustándose a las determinaciones urbanísticas fijadas en el PGOU de 1996. Se adjudican al Ayuntamiento, como cesión obligatoria y gratuita, los terrenos calificados como viario y a Promociones Alpajés tres parcelas edificables, entre ellas una de 4.009 metros cuadrados especial dotacional social, el objeto del posterior recurso. En este convenio se recoge el compromiso de establecer el justiprecio por mutuo acuerdo para la expropiación, fijándose entonces en la cantidad de 30 millones de pesetas (alrededor de 180.000 euros).

Tras este convenio, la promotora, en ejecución del convenio firmado, desarrolló la actuación edificatoria lucrativa del ámbito mediante la construcción de dos edificios con un total de 79 viviendas, previa cesión de viales y urbanización del ámbito. Sin embargo, el Ayuntamiento a su vez en todo este tiempo no inició el procedimiento expropiatorio para la obtención de la parcela dotacional de 4.009 m2 ni, en consecuencia, se llegó a acuerdo alguno sobre el justiprecio como se recogía en el convenio.

Finalmente, casi 12 años después, la promotora en marzo de 2012 presenta la solicitud de expropiación al Ayuntamiento y un año después finalmente lo hace ante el Jurado territorial de Expropiación. Este, el 25 de junio de 2013 fija el justiprecio en 503.000 euros. El Ayuntamiento solicita la anulación del convenio por entender que el justiprecio debía ser de mutuo acuerdo y no determinado por el jurado de expropiación. También recurre la promotora, solicitando un justiprecio de 6,2 millones de euros. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) lo fija en 1,028 millones de euros más intereses en 2016. La promotora decide recurrir en casación al Tribunal Supremo y este parcialmente le da la razón, estableciendo el justiprecio de definitivo del terreno expropiado en tres millones, doscientos setenta y ocho mil, sesenta y dos euros con setenta y siete céntimos (3.278.062,77) más intereses. Contra esta sentencia ya no cabe recurso.

Jesús Mario Blasco, concejal Portavoz de la Agrupación Ciudadana Independiente asegura que “estamos ante otra bofetada judicial, de nuevo a cuenta del urbanismo, y de nuevo a cuenta de otro cadáver urbanístico. Convenios y expropiaciones que, o bien se desarrollan mal o directamente no se cumplen, sobrecostes… Ahí tenemos los casos de Cabezadas, Incocasa… casi 24 millones de euros entre las dos de deuda, a cambio de la nada, Yeregui, otros 2,8 millones de euros, obras paralizadas judicialmente (como el aparcamiento subterráneo de la Calle del Rey, donde están enterrados casi cuatro millones de euros…) y eso son solo algunos ejemplos. En el caso que nos ocupa, un convenio que estuvo 12 años sin cumplirse por parte del Ayuntamiento. Desde entonces han pasado gobiernos de todos los colores, se atravesó una época de bonanza económica e ingresos extraordinarios y no se ejecutó, ejecución que habría sido menos gravosa que lo que nos viene ahora con la sentencia”.

“Se da la circunstancia, prosigue el portavoz independiente, de que la sentencia del TSJM que nos condenaba a pagar 1 millón de euros se incluyó en el reciente Plan de Ajuste y el fondo ministerial para el pago de sentencias. Ahora nos llega un sobrecoste de 2,3 millones de euros que descabalgará y tensionará aún más la tesorería municipal, en un año en el que además habría que pagar 1,3 millones de euros a Liberbank en virtud del muy desfavorable convenio de acreedores alcanzado en savia, sin olvidar que sentencias como la del pago de los intereses de Incocasa (1,4 millones inicialmente) sigue sin pasar por Pleno”.