El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Aranjuez contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que lo condenaba a pagar 14 millones de euros a la empresa Las Cabezadas SL por el desarrollo fallido de un proyecto urbanístico suscrito entre ambos en 2004. El Consistorio tendrá que devolver los 12 millones aportados por la compañía durante el proceso de planificación urbanística, más intereses y las costas de esta última instancia judicial, para un total que rondará los 14 millones, según fuentes jurídicas y políticas consultadas.

Los terrenos de Las Cabezadas, ubicados en la linde sur del río Tajo y en el extremo occidental de Aranjuez, fueron declarados urbanizables en 1996 por la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. El gobierno, entonces del Partido Popular, sacó a concurso el proyecto de la creación de un PAU en 2003 y un año más tarde, con el PSOE en la Alcaldía, la empresa Las Cabezadas, del grupo Isolux Corsán, resultó la adjudicataria.

Para su ejecución era necesaria una modificación del estatus del suelo, que en su proceso de aprobación fue, en 2008, paralizada por un informe desfavorable de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. Los técnicos del gobierno regional calificaron la zona de interés agrario, imposibilitando así la edificación.

A la vista de que no podría construir, la empresa demandó al Ayuntamiento de Aranjuez. La sentencia del TSJM, que falló sobre el caso en julio de 2016, dictaminó que el Consistorio ribereño debía devolverle los 12 millones de euros que la mercantil había adelantado, a lo que añadía los intereses derivados. El gobierno municipal recurrió esta sentencia ante el Tribunal Supremo, que el pasado 28 de septiembre hizo pública su desestimación.

Jesús Mario Blasco, portavoz de Acipa, ha advertido del complejo momento en el que llega esta sentencia para el Ayuntamiento, tras la reciente aprobación de un Plan de Ajuste: “Este plan no contemplaba la previsión de que esta sentencia llegara, pero lo que no se nos podía pasar por la imaginación es que la sentencia ya existiera desde finales del mes pasado. Creemos que el equipo de gobierno debería dar cumplidas explicaciones, no solo las implicaciones de la sentencia para nuestra ciudad, sino también de la incomprensible ocultación de la misma”.