María José Martínez y María Isabel Pantoja. Foto: EPDA

Después de que el pasado 28 de septiembre el Tribunal Supremo ratificara la sentencia que condenaba al Ayuntamiento de Aranjuez al pago de 14 millones, a la empresa adjudicataria, por el proyecto fallido de Las Cabezadas, el Partido Popular ha recordado que ya advirtió en 2009 al alcalde Jesús Dionisio, y a la entonces concejal de Hacienda Cristina Moreno, de sus “errores”. Según el PP, el equipo de gobierno del PSOE “se negó a modificar el proyecto cuando todavía era posible, a pesar de los reiterados requerimientos de la Comunidad de Madrid”.

El PAU de Las Cabezadas fue un proyecto urbanístico para la creación de un nuevo barrio en Aranjuez que nunca llegó a ejecutarse, tras quedar paralizado después de que la Comunidad de Madrid dictara un informe medioambiental desfavorable.

El Partido Socialista, tanto en 2009 como en este 2017, señala al gobierno regional como único responsable de que el proyecto no se hiciera realidad. Algo opuesto a lo que expresan desde el Partido Popular. La formación destaca que su portavoz, María José Martínez, ya censuró hace ocho años que el equipo de gobierno de Jesús Dionisio tuvo “escondido durante un año” el informe medioambiental desfavorable de la Comunidad de Madrid. “Su desidia e inacción ante los requerimientos que, previos al citado informe definitivo, se le hicieron desde la Comunidad de Madrid a fin de resolver los problemas que finalmente condujeron a ese informe desfavorable” imposibilita “seguir adelante con el proyecto”, explicó Martínez en un pleno de diciembre de 2009.

Finalmente el proyecto entró en punto muerto y en vista de que no podría llevarse a cabo la construcción, la empresa adjudicataria (la filial del grupo Isolux, Las Cabezadas SL), demandó al Ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al Consistorio al pago de 14 millones de euros: algo más de 12 millones que la sociedad había aportado, más los intereses derivados. El Tribunal Supremo desestimó el recurso municipal y ahora Aranjuez deberá afrontar el cargo.

Sobre la cuantía que finalmente tendrá que pagar el Ayuntamiento, los populares han puesto en valor la defensa jurídica ejercida durante su último gobierno (2011-2015): “Evitó que el resultado fuese aún peor ya que la demanda inicial de la empresa reclamaba entonces más de 300 millones de euros”.

“Ahora aquella losa que anunciábamos podía condicionar nuestro futuro se ha hecho realidad definitiva. Lo que entonces fue presentado por el gobierno municipal como una mejora ha resultado un nuevo pufo para las arcas municipales y es una evidencia más de lo dañinos que resultan los gobiernos socialistas para nuestra ciudad y para el bolsillo de los ribereños”, explica el Partido Popular de Aranjuez en un comunicado.