La Plaza de la Constitución de Aranjuez acogerá mañana 3 de enero -de 9 a 14 horas- una mesa para la recogida de firmas por la equiparación salarial de policías y guardias civiles con las fuerzas de seguridad autonómicas.

La iniciativa está siendo desarrollada a nivel nacional por Jusapol (Justicia Salarial Policial), una asociación formada por agentes de ambos cuerpos. En concreto, la actividad de mañana está impulsada por sus delegaciones de Aranjuez y Ocaña.

El objetivo de Jusapol es alcanzar las 500.000 firmas requeridas para que la iniciativa sea tramitada en el Congreso como  Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Los miembros de estas fuerzas perciben, de media, entre unos 600 y 900 euros menos que sus homólogos de los Mossos d’Escuadra y la Etzaintza, explican desde la asociación.  Una circunstancia que consideran aun más gravosa teniendo en cuenta que quien paga estos salarios no son las comunidades, sino el propio Ministerio del Interior.

Esto no solo se traduce en el salario mensual. Hay diferencias, que perjudican a los cuerpos de índole nacional en cualquier aspecto retributivo: sus horas extra cuestan menos; sus pagas extra son inferiores a su sueldo, ya de por sí más bajo, mientras las policías autonómicas mantienen la cuantía; y su poder adquisitivo merma considerablemente más tras la jubilación.

“Esta diferencia es muy alta mes a mes, pero si se suman estas desviaciones al finalizar una carrera de más de 30 años de servicio supera los 200.000 euros; el precio de una casa”, explica un agente a El Periódico de Aranjuez. “Esta equiparación es de justicia, pero también de sentido común. Interior, que es quien abona todas las nóminas, tiene que dejar de pagar, por el mismo trabajo diferentes cantidades”.

El Gobierno ha recibido las quejas de los sindicatos de la Policía y las asociaciones de la Guardia Civil y se ha mostrado proclive a que el proceso se inicie en 2018. “Si hay presupuestos, comenzará la equiparación salarial”, aseguró el el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, la semana pasada. Están por definirse, en cualquier caso, tanto la fórmula como los plazos planteados por el Ejecutivo. Y, de momento, no hay nada en firme.