David Estrada y Cristina Moreno. Foto: Ayto. de Aranjuez.

El gobierno muncipal de Aranjuez (PSOE) ha señalado este martes a las administraciones de Esperanza Aguirre e Ignacio González en la Comunidad de Madrid como culpables de que no se llevara a cabo el desarrollo del PAU de Las Cabezadas, y por tanto de que el Consistorio haya sido condenado a pagar en torno a 14 millones de euros a la empresa promotora. La declaración se produce pocos días después de que el pasado 28 de septiembre el Tribunal Supremo hiciera pública la desestimación del recurso del Ayuntamiento contra la sentencia del TSJM que le obligaba a compensar a la constructora adjudicataria del desarrollo, una filial del grupo Isolux Corsán.

El equipo de gobierno esgrime que si el suelo de Las Cabezadas fue declarado urbanizable por la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad en 1996, el informe desfavorable de 2008 de la Dirección General de Evaluación Ambiental del gobierno regional que impidió la edificación supuso una contradicción dentro de la misma administración regional. “Es aquí cuando la Comunidad de Madrid empieza a bloquear y a frenar el desarrollo de Las Cabezadas, contraviniendo su propia ley”, concretan desde el Ayuntamiento, que ahora, por este motivo, mantiene abiertos dos pleitos contra la Comunidad de Madrid para que asuma los daños patrimoniales.

La sentencia del TSJM que condenaba al Consistorio en 2016 detallaba, tal y como recogió EFE, que “los suscribientes del convenio urbanístico conocían esa exigencia legal, de modo que si no se daba previo cumplimiento a la misma, no se podían sectorizar esos terrenos y materializar el objeto de dicho contrato”. Es decir, que el Ayuntamiento debió haber modificado el proyecto tras recibir la evaluación medioambiental de la Comunidad de Madrid.

No obstante, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, David Estrada, ha declarado que “el Ayuntamiento de Aranjuez agotará todos los cauces posibles para que sea la Comunidad de Madrid la que haga frente al daño que ha sufrido el Ayuntamiento de Aranjuez, y con él todos los ribereños, como consecuencia de los tejemanejes de Esperanza Aguirre e Ignacio González, con la ayuda inestimable y la connivencia de Salvador Victoria y María José Martínez”.

Estrada ha recalcado que “el Ayuntamiento de Aranjuez pelea porque sea la Comunidad de Madrid, la verdadera responsable de este despropósito, quien asuma los daños patrimoniales causados a este Ayuntamiento” señalando que “lo que no vamos a hacer es lo que hizo el PP, dejar de hacer nuestro trabajo, que no es otro que defender los intereses legítimos de todos los ribereños”.

“El Gobierno municipal del PSOE ha intentado, con muchas dificultades, reconducir la nula estrategia judicial del gobierno anterior, consiguiendo incluso la publicación en el BOCM de la modificación del PGOU en Cabezadas, para defender los intereses de Aranjuez al entender que nuestro planeamiento estaba vigente”, ha destacado el concejal.