Foto: EPDA.

La portavoz del Partido Popular, María José Martínez, ha acusado a los concejales socialistas David Estrada y Luis Javier Benito de haber intentado convencer a algunos policías locales de que retiraran de los juzgados un informe de hechos, presentado por los agentes, en el que señalaban la posibilidad de que el departamento de sanciones del Ayuntamiento pudiera estar quitando multas a locales de ocio, impuestas por abrir más tarde de lo permitido. Martínez, durante el debate del Estado de la Ciudad, ha interpelado al gobierno por querer “tapar con una manta oscura el caso para que no traspase la justicia”.

Tal y como adelantó El Periódico de Aranjuez, el pasado mes de noviembre un grupo de policías locales presentó una diligencia de prevención ante el juzgado número 4 del municipio en la que exponían la posibilidad de que se estuvieran cometiendo irregularidades en la tramitación de las sanciones a diversos pubs por abrir a deshora con el fin de que no tuvieran que pagar.

Los policías sospechaban que en algunos casos desde el departamento de sanciones podría estar haciendo desaparecer las multas y en otros, realizarían los trámites con errores a propósito para que no pudieran ser ejecutadas.

En fechas cercanas, aunque según aseguró David Estrada en declaraciones a este diario previas a la presentación de la documentación por los policías en los tribunales y por motivos de eficiencia sin relación con el caso, el Consistorio quitó las competencias de instrucción en este tipo de expedientes al departamento de sanciones trasladándoselas a los servicios técnicos de urbanismo.

La portavoz del PP ha señalado a la alcaldesa: “Usted envió al primer teniente de alcalde y al concejal de seguridad, que fueron raudos y veloces, para convencer a los policías de que retiraran la citada diligencia. Un proceder impresentable y políticamente indigno”.

El documento entregado por los policías en el juzgado, que en cualquier caso no ha sido retirado, está en manos de la justicia que deberá dilucidar si los indicios presentados son suficientes para la apertura de diligencias y el inicio de una investigación por la presunta prevaricación de los funcionarios municipales responsables del departamento de sanciones.

En noviembre, el grupo municipal de Ciudadanos registró una pregunta al Gobierno relacionada con la motivación del cambio en la instrucción de las sanciones, que deberá será planteada en el próximo Pleno. Su portavoz, Daniel Baquero, ha declarado hoy que exigirán “total transparencia en el caso de las supuestas irregularidades en la tramitación de multas”.