Ayuntamiento de Aranjuez. Foto: EPDA.

La madrugada del 1 de enero la Policía Local impidió una fiesta ilegal organizada para 200 adolescentes que iba a celebrarse en el bar del Polideportivo Municipal. El establecimiento es de propiedad pública y fue adjudicado mediante concurso en junio de 2017. Ante estos hechos, la Junta de Gobierno de Aranjuez ha anunciado que elevará el caso a la Fiscalía y abrirá expediente a la empresa concesionaria.

En paralelo a las sanciones que puedan derivar de los hechos denunciados por los agentes -la fiesta no tenía licencia y presentaba múltiples deficiencias en materia de seguridad-, este jueves la Junta de Gobierno ha avanzado la “incoación del procedimiento para sancionar, en virtud del contrato de concesión de servicio, a la empresa que regenta el bar”. Además, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se ha acordado también “el traslado a Fiscalía de los hechos acontecidos por si los mismos fuesen constitutivos de delito”.

El evento, tal y como adelantó ayer este diario, fue organizado por un empresario de ocio nocturno de la ciudad que alquiló por 4.000 euros el local a un grupo de 200 jóvenes, en su mayoría menores de edad y estudiantes de bachillerato de distintos colegios e institutos del municipio.

Desde el Consistorio señalan que “los organizadores de esta fiesta no contaban ni con licencia ni con autorización de la Comunidad de Madrid ni tenían el seguro obligatorio de responsabilidad civil; además las previsiones de aforo superaban con creces el permitido en el local”.

“A la llegada de los agentes, se filió a cuatro personas a las que se supone responsables de la fiesta y a tres menores de edad a la espera de su inicio, en un local que estaba preparado para la venta de alcohol”, indica el parte policial.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento clarifican que, según un informe emitido por el Servicio de Recaudación, “la empresa gestora del bar del polideportivo, con acceso por la calle Moreras, mantiene una deuda con el consistorio de 13.686,71 euros, como consecuencia del impago del canon mensual del mismo desde junio de 2017”.

Esta deuda, que ya fue reclamada en noviembre, ha sido calificada como infracción muy grave por la Junta de Gobierno a propuesta de los Servicios Jurídicos Municipales.